Tras la apertura del año judicial, el 15 de setiembre, se señalará el día y la hora, pero la Sala de lo Penal quiere que la vista oral se celebre antes de las elecciones. El magistrado, que parecía intocable, lleva 14 meses suspendido de sus funciones y acumula tres causas penales en el Tribunal Supremo. Al menos por dos de ellas -Memoria Histórica y escuchas de la trama Gürtel- deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Pendiente de desenlace está el procedimiento del patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York. Todo apunta a que el juicio de las escuchas del Gürtel se celebrará antes que el de las fosas del franquismo, con mayor trascendencia política.
Sin embargo, ambos juicios constituyen dos de los acontecimientos más esperados de la próxima temporada judicial. Y es que será la primera vez que un juez se siente en el banquillo por unas causas similares, lo que obligará a sus colegas a improvisar o, al menos, a revisar ciertas formas de actuación. Aunque se pretende acelerar los juicios, el plazo del otoño se cumplirá siempre y cuando Garzón no recuse a los magistrados por haber participado en la instrucción de la causa. Este mismo argumento ya fue utilizado por Garzón para recusar a los cinco togados que iban a juzgarle por el caso de la Memoria Histórica. Pero el panorama es negro. De prosperar los casos, podría ser apartado de la carrera judicial durante un máximo de veinte años.
El magistrado se enfrenta a la querella presentada contra él por su investigación sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Una querella por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) presentada por Manos Limpias. El sindicato considera que Garzón se declaró competente para investigar estos crímenes sabiendo que no lo era. El Tribunal Supremo rechazó un recurso de Garzón contra esta querella y decidió seguir con la instrucción, pese a que la fiscalía se opone a la misma.
Todo se remonta a octubre de 2008, cuando Garzón decidió investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas del bando perdedor de la Guerra Civil y la etapa de represión de la dictadura. Garzón alegó que el delito de “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad es permanente”.
Pero la fiscalía se oponía a esta investigación de Garzón -que habría sido la primera sobre esa etapa en España- amparándose en una ley de amnistía española de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época.
Un mes después, Garzón renunció a esa investigación y trasladó la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que había autorizado a abrir. Posteriormente, la Audiencia Nacional decidió que el juez no era competente para llevar a cabo esas pesquisas al haber muerto los supuestos autores de las desapariciones 70 años después, entre ellos Franco.
morbo político Con menos enjundia política, aunque quizá con más morbo, figura el tema de las escuchas de la trama Gürtel. Y es que podrían coincidir casi simultáneamente en el banquillo Garzón y el recién dimitido president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Frente a la petición de 17 años de inhabilitación que han puesto sobre la mesa las acusaciones personadas en la causa, el juez Baltasar Garzón solicita su absolución. Argumenta que no cometió ningún delito cuando ordenó la intervención de las comunicaciones que los imputados en el caso Gürtel presos mantuvieran con cualquier persona, incluidos sus abogados. Garzón siempre ha defendido que las intervenciones de las conversaciones entre los abogados y los cabecillas del Gürtel fueron legales porque evitaron que éstos pusieran a buen recaudo el dinero obtenido en sus presuntas acciones delictivas.
Se trataría de un juicio muy rápido, de prácticamente una mañana, pues Garzón se ha quedado solo con su acusación, ya que el Supremo no consideró imputar a los policías que investigaban, a las fiscales que intervenían, o al juez que prolongó las escuchas.
