La Generalitat de Cataluña se ha convertido en la primera Administración española en asumir plenamente la localización e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La Ley de Fosas catalana, aprobada la pasada semana en el Parlamento de Cataluña, cierra lo que la de Memoria Histórica dejó etéreo e inconcluso: que sea la Administración pública, y en concreto la Generalitat, a petición expresa de los familiares, la que decida si paga las exhumaciones o en su defecto coloca una placa en recuerdo de los asesinados. Es decir, la Generalitat crea un marco jurídico para identificar y localizar los restos.

Sólo el PP y Ciutadans se apearon de una mayoría conformada por el tripartito y CiU. Y esa actitud es difícil de justificar cuando la ley catalana aplica el mismo rasero a los desaparecidos de ambos bandos. De hecho, se trata de continuar la tradición inaugurada por el Tribunal de Casación de Cataluña, que en 1937 inició las exhumaciones de las fosas siniestramente alimentadas por los incontrolados de la retaguardia republicana.

Ahora, el tripartito y CiU han querido seguir por esa senda y, lógicamente, reparar también la memoria de aquellos que durante 40 años no existieron: los antifranquistas ejecutados. El ex presidente Pasqual Maragall fue precursor de esta idea de reconciliación al afirmar en septiembre de 2004 que en el Fossar de la Pedrera, donde reposan los restos del presidente Lluís Companys, están enterradas muchas víctimas de los paseos republicanos que también deben ser recordadas.

El PP catalán insistió en equiparar en la ley catalana la represión republicana a la de los incontrolados. Pero no es justo. Hubo abusos en ambos bandos, pero los producidos en la España republicana lo fueron contra la legalidad y la voluntad de las autoridades. Mientras que la España franquista organizó la represión desde el vértice del Estado.