La admisión a trámite por la sala Penal del Supremo de la querella por prevaricación interpuesta por el sindicato ultraderechista 'Manos Limpias' es un despropósito reactivo que corona una cierta visión deforme de la judicatura en nuestro país. Además, el Supremo ha ordenado al CGPJ tramitar una segunda queja contra Garzón .

La 'causa general' de Garzón contra el franquismo, con la que el magistrado ha tratado de suplir las deficiencias del proceso de recuperación de la Memoria Histórica impulsado por este gobierno y fallido en buena medida, era claramente una sinrazón jurídica aunque tuviese apoyatura política y respondiese a la demanda social de numerosas organizaciones empeñadas en rehabilitar a sus víctimas de la guerra civil y de la represión franquista.

El Supremo detesta a Garzón

Y los franquistas han aprovechado las deficiencias legales de la iniciativa para poner en aprietos al juez. Aprovechando -todo hay que decirlo- la predisposición de un sector muy conservador del Supremo , que como es natural detesta políticamente a Garzón.

La 'causa general' era disparatada por las razones que ya se han argüido reiteradamente: aun en el supuesto de que los delitos denunciados e investigados no hubieran prescrito (los delitos contra la humanidad son imprescriptibles), la ley de Amnistía de 1977 y el pacto político de la Transición borraban jurídicamente aquellos rescoldos del fratricidio civil.

Además, era notorio que todos quienes pudieran haber sido declarados culpables del genocidio han fallecido. Por añadidura, la Audiencia Nacional no es competente en desapariciones de personas de nacionalidad española. Por todo ello, el propio Garzón terminó aceptando su incompetencia y traspasó la causa a los 62 juzgados territoriales del país.

"Objetivo político...y lucimiento personal"

Es fácil deducir que toda esta operación jurídica fue acometida por Garzón a sabiendas de que no tenía porvenir. Y es muy probable que al dar cauce a las denuncias de las mencionadas organizaciones para la recuperación de la memoria histórica tan sólo persiguiera un objetivo político y, de paso, un lucimiento personal.

Pero de esta impertinencia a la prevaricación hay un abismo, máxime cuando la causa siguió sus pasos procesales, en los que pudieron opinar tanto el ministerio fiscal cuanto las instancias superiores de Garzón. Y tiene todo el sentido el argumento que este juez maneja en su recurso contra la admisión a trámite de una querella que a todas luces traduce una represalia por no haber aceptado encauzar a Carrillo por los sucesos de Paracuellos: sería absurdo reprocharle tal inhibición y al mismo tiempo afearle las actuaciones contra el franquismo.

Frenar sus "tentaciones políticas"

Todo este maremágnum jurídico con evidente flecos políticos es la consecuencia clara de una heterodoxia judicial personificada por Garzón y algunos otros jueces de la Audiencia Nacional deseosos de notoriedad. Ni el poder judicial puede ser ostentoso ni es saludable la interferencia innecesaria de los jueces en el proceso político ni es democráticamente normal el estrellato constante de algunos magistrados que buscan notoriamente el aplauso del público.

Garzón es un diletante que cedió a la tentación política y que quizá nunca debió regresar a la judicatura (tal incompatibilidad hubiera resultado saludable para el sistema); pero no es en absoluto un prevaricador, ni resultaría admisible que los nostálgicos de la dictadura consiguieran dañar su polémica carrera. Una carrera que el propio Consejo General del Poder Judicial debió haber ahormado con más rigor en el pasado.