Cataluña pagará la localización de fosas comunes del franquismo
Una ley pionera permitirá a la Generalitat decidir si exhuma los restos o "dignifica" los enterramientos
Cataluña se ha convertido esta mañana en la primera Comunidad que asumirá y pagará la localización, y posterior dignificación o exhumación, de las fosas comunes en las que yacen víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. El Parlamento catalán ha aprobado una ley que lo regula, impulsada por el departamento de Interior y pionera en España, porque da un paso más que la Ley de Memoria Histórica, que sólo establece que las administraciones "facilitarán" esta tarea a los familiares de las víctimas y las entidades memorialísticas, pero no concreta lo que debe subvencionar el Estado, lo que ha dejado en la incertidumbre a muchas familias .
Con el nuevo texto, estas personas y asociaciones podrán solicitar a la administración catalana que investigue dónde están sus parientes desaparecidos, y, si se encuentran, recuperar sus restos o adecuar el lugar con algún elemento recordatorio.
La Generalitat paga, y por eso se reserva el derecho a decidir si hay que exhumar los cuerpos o limitarse a dignificar el lugar donde yacen. Ésa es la preferencia de la administración, como apuntó la directora de Memoria Democrática del Ejecutivo, Maria José Bono, en enero. Su dirección no tiene una dotación presupuestaria específica para esos cometidos, pero si un cálculo sobre lo que pueden costar estos trabajos: Una exhumación piloto en Gurb (Barcelona), realizada el año pasado, permitió calcular que una actuación de este tipo cuesta unos 40.000 euros, y la identificación de una persona unos 1.000 euros.
Desde 2003, además, la Generalitat elabora un censo de desaparecidos a petición de los familiares, que la nueva norma también sanciona. La lista cuenta, de momento, con 3.113 casos de desaparecidos, y de ellos 152 han sido ya localizados. La dirección estima que no todos los familiares pedirán la exhumación: sólo prevé unas tres acciones de este tipo al año. Sólo el PP se ha opuesto a la aprobación de la ley, que ha contado con el apoyo de los grupos que sustentan el gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) y de CiU.
El ponente de CiU de la ley, Santi Vila, ha subrayado "el deber de Memoria ejercido con responsabilidad en Cataluña, contra la dinámica fraticida propia de la cultura política española que llevan a cabo PSOE y PP". Lejos de esta polémica, el diputado ecosocialista Jaume Bosch, relator de la norma, se ha felicitado porque ésta sanciona "el derecho de los familiares a recuperar sus allegados" y "el derecho de la sociedad a conocer la verdad".