Desenterrar el olvido / Artículo de Opinión
Esta semana se ha aprobado en el parlamento catalán la Ley sobre localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista , más conocida como “Ley de Fosas”. Una ley pionera en España, que da un paso más que la “Ley de Memoria Histórica”, puesto que en ella se reconoce el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos desaparecidos, así como la obligación y responsabilidad de la Generalitat de Catalunya de hacerse cargo de los costes que dicha búsqueda conlleve.
El 31 de octubre de 2007, se aprobó en el Congreso la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , o como se la denomina comúnmente, “Ley de Memoria Histórica”. Dicha ley supuso un avance en la recuperación de la memoria de España, estableciendo medidas como el reconocimiento y ampliación de derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, durante la Guerra Civil y la dictadura, así como una condena expresa del franquismo; entre otras.
Aunque su aprobación fue un hito histórico, tanto ésta, como su propia elaboración y discusión parlamentaria, fueron motivo de fuertes controversias. El Partido Popular (PP), justificó su voto en contra alegando que el proyecto de ley era “innecesario, irrelevante y engañoso”, y “un descerebrado intento de distinguir entre españoles buenos y malos”, con el que se reabrirían las heridas y enfrentamientos a los que la Transición “puso fin”.
En el lado opuesto, desde las posiciones situadas a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), se hubiera preferido una ley más exigente y avanzada, en la que se declarara la nulidad de los juicios franquistas, se hiciera una condena más rotunda del franquismo, y en la que el Estado tuviera una participación esencial en el proceso de exhumación de cadáveres, entierros y eliminación de símbolos franquistas. Reivindicaciones con las que coincidieron numerosas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica española.
Es la motivación de subsanar la poca ambición de la “Ley de Memoria Histórica” aprobada en el Congreso, lo que ha impulsado al parlamento catalán a crear una ley específica de fosas comunes, siguiendo en la dirección que emprendieron con la creación del Memorial Democrático, así como de un censo de desaparecidos a petición de los familiares.
En referencia al contenido de la ley, ésta tiene tres objetivos: la localización de personas desaparecidas y, si es posible, la recuperación de sus restos; la señalización y dignificación de los lugares donde fueron enterradas y dar a conocer los hechos allí acaecidos. En consecuencia, se reconocen tanto los derechos de los familiares a la recuperación de los restos, como el derecho de la sociedad a conocer la verdad, una verdad que en contra de lo que afirmó el PP durante la discusión parlamentaria de la nueva ley, no la fijará el Gobierno: ¿si hay una persona enterrada en un determinado lugar, no tiene derecho su familia a saber dónde está esa persona? Esta es la verdad a la cual hace referencia la nueva ley.
La ley, ha contado con el apoyo de los grupos que sustentan el gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV-euia) y de CiU; el voto en contra del PP y la abstención de Ciutadans.
Uno de los principales argumentos del PP para oponerse a la ley fue su pretensión - sustentada en 8 enmiendas idénticas-, de que se incluyera la II República en el período al que hace referencia la ley (Guerra Civil y Dictadura franquista). Su intención era equiparar un régimen plenamente democrático con dos períodos de vulneración del Estado de derecho. Es la conocida teoría de que la República fue la causa de la Guerra Civil, cuando en realidad el hecho que provoca la Guerra Civil es el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, perpetrado por el General Franco y sus seguidores.
El PP continúa teniendo una asignatura pendiente: la superación de su incapacidad para considerar la II República española, como el antecedente inmediato de nuestro actual sistema democrático.