Piden al Tribunal Supremo que unifique doctrina
Asociaciones en defensa de la recuperación de la memoria histórica han criticado que un juez de Madrid haya rechazado abrir las fosas del Valle de los Caídos y han instado al Tribunal Supremo a “imponer un criterio” que asegure el cumplimiento en toda España del auto del juez Baltasar Garzón para perseguir los asesinatos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que “hace falta una institución superior”, como el Tribunal Supremo, que ponga fin a la disparidad de criterio que están poniendo de manifiesto los jueces de primera instancia sobre la apertura de fosas. Silva lamentó que el Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial se haya declarado incompetente para abrir las fosas del Valle de los Caídos, si bien celebró que esto permitirá que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo establezcan un criterio común. El presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño, manifestó que “tendría que haber una fiscalía especial o un juzgado nombrado por el Tribunal Supremo” que coordine las actuaciones correspondientes a la Ley de Memoria Histórica. Pedreño criticó que el Gobierno es “bastante responsable de lo que está ocurriendo”, por no haber vigilado el cumplimiento de la ley, lo que, a su juicio, está provocando que los juzgados de primera instancia “echen balones fuera” cuando tienen que asumir un asunto “tan gordo como éste”. Finalmente, desde la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos Forzados por el Franquismo Paqui Maqueda afirmó que los juzgados territoriales han sido “un vía crucis” para las familias, porque durante años no han atendido sus demandas. Maqueda calificó de “falta de sensibilidad” que el juez haya rechazado la apertura de las fosas del Valle de los Caídos, cuando el único objetivo es confirmar “que esos restos son de personas asesinadas, personas desaparecidas y secuestrados”. En este sentido, reclamó unas indicaciones claras de alguna institución superior, como el Tribunal Supremo, con el fin de que los jueces tengan claro su trabajo en el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
