Los grupos de memoria creen que se quieren frenar los avances
Las asociaciones aragonesas que giran en torno a la recuperación de la memoria histórica ven en la imputación de Garzón por parte del Supremo un intento de la derecha judicial para echar por tierra los avances habidos en la investigación de los crímenes del franquismo y en las tareas de exhumación de las fosas comunes.
"Creemos que el magistrado de la Audiencia Nacional es víctima de una auténtica persecución", subraya Enrique Gómez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón (ARMHA). "Nosotros presentamos una demanda por los 30.000 desaparecidos que se produjeron durante la guerra civil y Baltasar Garzón dictó un auto histórico, en el que Franco y más de treinta altos cargos de su régimen quedan en el lugar que les corresponde".
Gómez está convencido de que la Ley de Amnistía no puede anular el derecho de los descendientes a saber la verdad. "Las matanzas de la guerra civil constituyen un crimen de lesa humanidad, que son imprescriptibles por definición", sostiene.
Para el responsable de ARMHA, Garzón ha ido más adelante de la Ley de Memoria Histórica del año 2007, un texto legal que su entidad considera "insuficiente", por no recoger las reivindicaciones de los familiares de represaliados y desaparecidos.
En opinión de Emilio Manrique, de la asociación Foro por la Memoria de Aragón, el juez Baltasar Garzón es víctima de una "inquina personal" que tiene un origen "extrajudicial". "En su actuación respecto a los crímenes del franquismo no hay ningún elemento de prevaricación", apunta Manrique, para quien "lo que subyace en todos los procesos abiertos al magistrado es la voluntad de castigarlo para poner en jaque los avances que ha traído su investigación".
La Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) mantiene que las querellas presentadas contra el juez que desmontó la trama de los GAL son "una vergüenza". "Van a por él y a por todo lo que representa". Sin embargo, su representante en Aragón, Miguel Ángel Capapé, está seguro de que el posible enjuiciamiento de Garzón no interrumpirá la exhumación de restos. "En Aragón se sigue un procedimiento, relacionado con las excavaciones arqueológicas, que está al margen de la vía judicial", apunta.
La Fundación Bernardo Aladrén, del sindicato UGT-Aragón, piensa que la "persecución de Garzón", que califica de "profundamente injusta", tendrá la virtud de "fortalecer" programas como Amarga Memoria. "Todos esos intentos por apartar a Baltasar Garzón van a provocar el efecto contrario al deseado: son un acicate tanto para las asociaciones como para los familiares de las víctimas", afirma David Corellano, secretario de la entidad.