El Gobierno solicitará el traslado al Centro Documental de la Memoria de Salamanca de aquellos documentos que cuenten con valor histórico incluidos en la investigación iniciada el año pasado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo anunció el Ejecutivo el pasado 23 de julio en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien le cuestionó sobre si el Gobierno ha "previsto trasladar al Instituto de la Memoria, con sede en Salamanca, la documentación existente en la Audiencia Nacional de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre desaparecidos del franquismo".

Ante esto, el Gobierno socialista recordó que la documentación referida "está incorporada a un proceso judicial en curso y, por lo tanto, no se encuentra disponible". No obstante, la misma respuesta matiza que "una vez concluido el proceso, el Gobierno solicitará al órgano judicial el desglose de los documentos con valor histórico con el fin de que puedan ser remitidos al Centro Documental de la memoria o a otros archivos con competencia en la materia".

La investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo fue iniciada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a partir de las denuncias presentadas por diversas asociaciones de recuperación de la memoria. Uno de los primeros pasos de Garzón se produjo el 1 de septiembre y consistió en la orden de elaborar un censo sobre los desaparecidos durante la contienda militar y la dictadura posterior.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE FRANCO

Además, en su auto en el que se declaró competente para investigar estos hechos, emitido el 16 de octubre, el juez declaró la extinción de esta responsabilidad por fallecimiento de 35 altos mandos del régimen franquista, comenzando por el propio Franco e incluyendo a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. Para confirmar su muerte, en vista de imputarles el citado delito, Garzón pidió los certificados de defunción correspondientes.

Finalmente, el 18 de noviembre, el magistrado decidió inhibirse en la causa en favor de los juzgados territoriales tras un largo enfrentamiento con la Fiscalía. El Departamento dirigido por Javier Zaragoza defendió desde el principio que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para entender de estos hechos.